La concejal Ana Cantiani presentó un proyecto de ordenanza para modificar el Régimen de Infracciones y Penalidades vigente en la ciudad, con el objetivo de poner un límite razonable a los montos de las multas, garantizar criterios objetivos para aumentar su valor mínimo y fortalecer la igualdad ante la ley.
La iniciativa apunta a corregir un sistema donde una misma infracción puede ser sancionada con montos muy diferentes de acuerdo con el criterio del Juez de Faltas. Actualmente, gran parte de las multas previstas en la normativa municipal poseen una escala que va desde el valor mínimo hasta diez veces ese monto.
Cantiani ejemplificó esta situación de la siguiente manera: “Si te falta una patente porque se perdió, te la robaron o se salió en una tormenta, la multa puede ir desde los $160.000 hasta los $1.600.000. Es una diferencia enorme por la misma falta”.
En consecuencia, el proyecto de la concejal libertaria propone reducir la escala actual de 1 a 10 a una nueva escala de 1 a 3, de modo que el monto máximo solo pueda triplicar el mínimo.
“El Régimen permite que por una misma infracción un vecino termine pagando hasta diez veces más que otro. Eso no es justo. Las multas tienen que depender de la falta cometida, no del humor de un funcionario”, sostuvo Cantiani.
Además, la propuesta establece que cuando un juez decida aumentar el monto mínimo deberá justificarlo según parámetros concretos, como la existencia de daños, la reincidencia o cualquier otra circunstancia agravante. Si no se justifica de este modo, la multa podrá ser anulada.
Otro punto importante del proyecto es que elimina la posibilidad vigente de aumentar una multa por supuestas “faltas de respeto” hacia inspectores municipales. Según explicó Cantiani, “es un criterio muy subjetivo; una actitud puede ser interpretada de distintas maneras según quién la evalúe”.
No obstante, la presidente del bloque de LLA aclaró que, si dichas faltas de respeto ocurren, podrán quedar asentadas en el acta y, si corresponde, denunciarse por la vía judicial, pero no utilizarse como excusa para aumentar una multa.
La iniciativa también elimina lo que Cantiani denominó el “castigo por las dudas”: la sanción prevista para aquellas conductas que no se encuentran específicamente contempladas en el Régimen de Infracciones y Penalidades. Hoy, la normativa establece que toda contravención no especificada será sancionada con una multa de entre 15 y 480 UF, lo que implica una escala de 1 a 32. Según la concejal, esta disposición otorga un margen excesivo de discrecionalidad y genera incertidumbre para los vecinos, ya que permite aplicar sanciones elevadas a infracciones que ni siquiera están definidas en la normativa.
La edil de LLA paralelamente señaló que el régimen vigente fue creado hace más de 40 años y necesita ser actualizado para garantizar reglas más claras a los vecinos.
“Queremos que todas las personas sean tratadas de la misma manera. La ley debe ser igual para todos”, concluyó Ana Cantiani.


