El presidente Javier Milei vetó de manera total la ley de financiamiento universitario, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.
La decisión, que ya genera una fuerte reacción en el ámbito académico y sindical, se produjo en un contexto de creciente tensión política: con la interna oficialista al rojo vivo y la suba del dólar tras las elecciones bonaerenses.
La respuesta de los gremios universitarios no se hizo esperar. Tal como lo habían anticipado, confirmaron medidas de fuerza y convocaron a una nueva marcha federal universitaria en repudio al veto presidencial.
Tanto los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad como los no docentes agrupados en Apur informaron acciones de alcance nacional con impacto directo en Rosario.
Las medidas de fuerza se llevarán a cabo con una huelga general de todos los gremios universitarios el viernes 12 de septiembre.
Desde el gremio de profesores rosarinos, Coad, comunicaron a sus afiliados: “Todas las asociaciones de base y las federaciones docentes del país acordamos, frente a esto, un mismo accionar: ¡Si hay veto, el día posterior hay paro!”.
En ese marco, además se confirmó una asamblea docente para el lunes 15 de septiembre a las 18 en la Facultad de Humanidades y Artes, con el objetivo de profundizar el plan de lucha.
Además, las organizaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles ya trabajan en la organización de una gran marcha federal —a confirmar para el 17 o el 24 de septiembre— con reclamos puntuales: salarios dignos, convocatoria urgente a paritarias, aumento del presupuesto universitario y científico y un pedido al Congreso para que insista con la Ley de Financiamiento Universitario.
Qué dice la ley vetada
El proyecto de ley, aprobado por el Senado el pasado 22 de agosto, proponía actualizar las partidas presupuestarias para universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, considerando la inflación acumulada en 2023 y 2024. Para este año, además, se preveía una actualización bimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
También contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con actualizaciones mensuales posteriores en función del IPC.
En octubre de 2024, Milei ya había vetado una ley de características similares.
