El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó la iniciativa del Gobierno Nacional para endurecer las penas contra los barrabravas y recordó su propia experiencia en la lucha contra la violencia en el fútbol. Al mismo tiempo, también cuestionó el accionar policial durante la marcha de jubilados de la semana pasada frente al Congreso, al considerar que hubo “excesos” en el operativo de seguridad que deben ser investigados.
“En la provincia hemos trabajado con muy pocas herramientas normativas y legales para sacar a las barras de la cancha”, sostuvo Pullaro, y recordó que cuando fue ministro de Seguridad en 2016 solicitó el derecho de admisión para prohibir el ingreso de violentos a los estadios.
Y agregó: “Los clubes no accionaban, y lo apliqué por primera vez a 86 barras de Newell’s, que nunca más pudieron entrar a la cancha”, afirmó en en el marco de la presentación de 174 ambulancias 0 km que se sumarán al sistema de emergencias y traslados del Ministerio de Salud de Santa Fe
El gobernador enfatizó que es necesario profundizar las políticas contra estos grupos violentos para recuperar los estadios como espacios seguros. “Si no trabajamos fuertemente sobre las barras y grupos violentos, es muy difícil que vuelva la familia a las canchas. Los clubes tienen que ser de la gente buena y no de las mafias, como sucede en muchos lugares”, sentenció.
Barras en la protesta y operativo fallido
Por otra parte, Maximiliano Pullaro también fue consultado sobre la presencia de barrabravas en la marcha de jubilados del miércoles pasado, que terminó con incidentes y represión policial. “Por lo que pude ver, participaron barras. No eran solamente jubilados los que estaban reclamando, sino que había diferentes personas que, por un sentido u otro, llevaron adelante acciones violentas en la calle”, aseguró.
El mandatario santafesino defendió el accionar de las fuerzas de seguridad ante los disturbios, pero reconoció que hubo falencias en el operativo. “Las fuerzas federales reprimieron en muchos casos estos desmanes. La verdad es que vi un operativo que debió tener un control mucho mayor, porque hubo excesos por parte de las fuerzas de seguridad”, admitió.
En ese sentido, cuestionó el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes. “Cuando se dispara un gas lacrimógeno de manera horizontal, cuando el protocolo dice que hay que hacerlo con 45° o 60°, según la distancia de los manifestantes, quien llevó adelante esa acción no desconoce que puede ocasionar una herida grave y hay que investigar”, advirtió Pullaro.
El gobernador señaló que la respuesta policial en estos casos debe ajustarse a los protocolos y evitar abusos. “Cuando una fuerza de seguridad es agredida, golpeada, insultada, le tiran con botellas o piedras, es difícil. Pero hay protocolos para evitar que eso suceda, y en este caso se dio de diferente manera”, agregó.
Finalmente, respecto a la responsabilidad por los incidentes, Pullaro consideró que hubo errores en el diseño del operativo. “El diseño del operativo en algún lugar subestimó lo que iba a suceder. Pero claramente uno no sabe cuándo van a ir personas que no tenían nada que ver con la marcha de jubilados y llevar a cabo acciones violentas extremas, como la quema de un auto, rotura de vidrieras y agresión permanente a las fuerzas de seguridad”, concluyó.
Qué dice el proyecto de Ley Antibarras de Bullrich
La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich presentará este lunes el proyecto de la denominada Ley Antibarras, una iniciativa oficialista destinada a combatir el accionar violento de las barrabravas de clubes de fútbol. El anuncio tendrá lugar días después de la masiva manifestación de jubilados en contra del ajuste.
El proyecto impulsará la declaración de las barras “como un tipo especial de asociación ilícita”, con el objetivo de que estas agrupaciones sean consideradas como organizaciones criminales.
Además, establecerá “la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos”. En el caso de que colaboren con las barrabravas, ya sea entregándoles entradas o manteniendo vínculos conniventes, estarán bajo investigación. Si son encontrados responsables, podrán enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.
El objetivo central de la ley es cerrar cualquier brecha legal que permita a las barrabravas operar con impunidad. Entre las penas que podrían establecerse, evalúan fijar de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo. Determinará, además, la aplicación de “fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia”.
