El Gobierno de Santa Fe abonará este viernes el pago correspondiente al programa beneficiando a docentes y directivos de gestión pública y privada. El incentivo también se pagará en marzo para aquellos docentes que no registren inasistencias en febrero.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe abonará este viernes el incentivo correspondiente al mes de enero del programa Asistencia Perfecta, beneficiando a 62.040 docentes y directivos de gestión pública y privada. El monto total de la inversión asciende a $3.608.254.252, calculado en base al promedio de los meses anteriores.
Durante el mes de marzo, se realizará el pago correspondiente a febrero, siguiendo el mismo criterio para quienes no registren inasistencias en ese período.
Un reconocimiento
El ministro de Educación, José Goity, destacó la importancia del programa, señalando que “Asistencia Perfecta es una política del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que reconoce el trabajo y el esfuerzo del docente, permitiendo la continuidad de los aprendizajes y fortaleciendo la equidad y eficiencia del sistema educativo”.
Asimismo, a partir de febrero, el programa se amplía para incluir a preceptores y secretarios de escuelas públicas y privadas. 4.284 agentes del sector oficial y 1.580 del sector privado podrán acceder a este beneficio bajo los mismos criterios que los docentes frente al aula.
“Esta modalidad no operó en enero porque no había asistencia posible, pero en febrero lo cobrarán quienes no registren inasistencias”, explicó Goity. Cabe recordar que en febrero sólo hubo una semana de clases.
¿Qué es Asistencia Perfecta?
El programa Asistencia Perfecta fue implementado en 2024 como una política del Estado provincial para reducir el elevado índice de ausentismo docente y optimizar el uso de recursos.
Consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para quienes cumplen con su jornada laboral sin faltas, incluyendo a docentes, directivos, secretarios y preceptores de instituciones públicas y privadas.
Según el decreto que estableció el programa, el objetivo es “garantizar la igualdad de acceso a la educación de calidad, evitando situaciones de discriminación, marginalidad o segregación que restrinjan el derecho a aprender”.
