La Municipalidad de Santa Fe clausuró preventivamente una residencia para adultos mayores ubicada en Diez de Andino al 5800, en barrio Cabaña Leiva, donde permanecen alojadas 11 personas. El lugar funcionaba sin habilitación comercial y acumulaba actas de infracción e intimaciones para regularizar su situación.

La medida generó un interrogante: ¿qué ocurre con los adultos mayores que continúan viviendo allí? Desde el municipio aclararon que la clausura alcanza a la actividad comercial y no implica un desalojo inmediato de las personas alojadas.

Magalí Crespo, directora ejecutiva de Control de la Municipalidad de Santa Fe, explicó que el principal incumplimiento detectado fue la falta de habilitación. “El mayor incumplimiento tiene que ver con la falta de habilitación comercial para funcionar”, señaló.

La funcionaria indicó que los responsables habían sido intimados previamente para regularizar la situación, pero no habían iniciado el trámite correspondiente. También se detectaron irregularidades vinculadas con el manejo de residuos domiciliarios y patológicos.

Por estos motivos, la clausura es preventiva y continuará vigente hasta que el establecimiento regularice su situación. “Va a seguir así hasta tanto regularice su habilitación comercial”, explicó Crespo.

Qué pasará con los 11 adultos mayores

Los 11 adultos mayores permanecen por el momento en la residencia. La Municipalidad notificó al Ministerio de Salud de Santa Fe, al área provincial de Adultos Mayores, al Ministerio Público de la Acusación y a la dependencia policial correspondiente para que intervengan dentro de sus competencias.

En este punto, Crespo marcó una diferencia respecto del caso del establecimiento de barrio Nuevo Horizonte, que quedó bajo investigación después del incendio ocurrido el 29 de julio.

Según explicó la funcionaria, “las condiciones estaban atendidas” en relación con los adultos mayores alojados en Cabaña Leiva. La evaluación de su situación médica y sanitaria corresponde a los organismos provinciales.

La Municipalidad, en tanto, interviene sobre cuestiones vinculadas con la habilitación comercial y otros aspectos que están dentro de sus competencias de control.

La residencia había sido allanada el 30 de julio por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la investigación iniciada tras el caso de Nuevo Horizonte. Posteriormente, las denuncias recibidas por el municipio derivaron en nuevas inspecciones sobre establecimientos destinados al alojamiento de adultos mayores.