A partir de las reiteradas amenazas de tiroteos en las escuelas de Santa Fe, el Gobierno realizó las acciones administrativas para que las familias de los autores de las intimidaciones paguen los operativos de seguridad.

Como resultado de las investigaciones llevadas adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se logró identificar a varios responsables de estos hechos, todos ellos menores de edad. Las estimaciones indican que los costos a pagar rondan entre cinco y seis millones.

Entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el día 21.

Cómo se pagan los operativos

El procedimiento de recupero se activa una vez identificados los responsables, momento en el que se inicia un proceso administrativo de relevamiento, cuantificación de costos y conformación de un expediente individual por cada caso. Posteriormente, se libra una intimación formal de pago a los adultos responsables, quienes cuentan con un plazo perentorio para cumplir con la obligación.

En caso de incumplimiento, se da intervención a Fiscalía de Estado para la promoción de las acciones judiciales correspondientes, lo que puede derivar en reclamos patrimoniales con más intereses, costas y gastos.

No son bromas

Desde el Gobierno Provincial remarcaron la gravedad de estos hechos y su impacto en el sistema de seguridad: “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”.

“La idea es recuperar lo que la provincia gasta en cada operativo, no es una sanción accesoria al delito sino un resarcimiento civil dirigido a los padres por lo que hacen sus hijos menores. Esto es una acción paralela a la cuestión penal por lo que no es necesario esperar ninguna sentencia”.

En ese sentido, se reiteró que las amenazas en ámbitos escolares constituyen conductas tipificadas en el Código Penal y que, además de las responsabilidades penales que pudieran corresponder, generan consecuencias económicas que serán reclamadas por el Estado.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de las familias y al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, destacando la necesidad de abordar estas situaciones con seriedad y conciencia sobre sus efectos.