La Cámara de Diputados completó la sanción de la adhesión santafesina a la Ley Nacional n° 26.944 que establece el régimen de responsabilidad del Estado y la giró al Poder Ejecutivo -autor de la iniciativa- para su promulgación.

Con la abstención de los tres diputados del bloque del Frente Amplio por la Soberanía, la Cámara avanzó con la aprobación que había realizado el Senado a principios de junio y dejó de lado proyectos propios de adhesión que se completaban con algunas disposiciones.

 

Se trata de los proyectos presentados por los oficialistas Lionella Cattalini y por Martín Rosúa. La primera fue quien fundamentó la necesidad de adherir a la norma, una de las mandas derivadas de la nueva Constitucional sancionada en septiembre pasado.

Después del receso, la Cámara de Diputados volvió a sesionar y sancionó varias leyes, por unanimidad, todas antes aprobadas por el Senado y que mayormente responden a expropiaciones y fiestas en localidades del interior santafesino.

“Estamos sancionada una importante ley y no es ante una demanda coyuntural sino para cumplir con uno de los mandatos derivados de la Constitución santafesina” dijo Cattalini. “Es una norma que servirá para ordenar y fortalecer al Estado y significará mayor seguridad jurídica en Santa Fe”, agregó.

“El proyecto tiene por objeto dotar a la Provincia de Santa Fe de un régimen orgánico de responsabilidad del Estado, armonizando la normativa provincial con los principios constitucionales y con la evolución del derecho público contemporáneo. La regulación propuesta se inspira en la consolidada doctrina de la responsabilidad estatal por falta de servicio, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la sistematización legislativa introducida por la Ley 26.944; la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo provincial; y criterios interpretativos sostenidos por la Fiscalía de Estado en dictámenes y actuaciones administrativas”, explicó.

Acotó que el proyecto consagra los principios clásicos del derecho público argentino: responsabilidad por falta de servicio, reparación por sacrificio especial en actividad legítima, responsabilidad directa del Estado por hechos de sus agentes, exclusión de la aplicación automática del derecho civil y la preservación del principio de igualdad ante las cargas públicas.

“Se procura otorgar previsibilidad jurídica, seguridad institucional y coherencia al régimen de responsabilidad estatal, fortaleciendo al mismo tiempo la tutela de los derechos de los particulares frente a la actuación del Estado”, remarcó.

La sanción de la norma a nivel nacional representó un cambio de paradigma en el ordenamiento jurídico, ya que sacó definitivamente los reclamos contra el Estado del ámbito civil para enmarcarlos exclusivamente en el derecho público. Santa Fe se encamina a esa experiencia y para ello fortalece el fuero Contencioso Administrativo y para cual fin ya dictó dos leyes específicas para crear el Colegio de Jueces y el Código restando aún el procedimiento.

Palo Oliver pidió la abstención de los diputados de izquierda entendiendo que nada aporta a los ciudadanos la simple adhesión. “El Estado debe tutelar más derechos y no limitarlos”, marcó.