La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una declaración en la que manifestó su preocupación ante las nuevas condiciones establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación para el Sistema de Residencias, dispuestas por las resoluciones N° 2099/2025 y N° 2109/2025.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Varinia Drisun, quien advirtió que las medidas dispuestas por el gobierno de Javier Milei representan un retroceso en materia de derechos laborales para los profesionales en formación y alteran de manera unilateral el funcionamiento del sistema, sin acuerdo con las provincias.

“Las recientes modificaciones introducidas por el Ministerio de Salud de la Nación han generado profunda preocupación en las jurisdicciones provinciales, en tanto alteran unilateralmente las normas vigentes, sin instancias de consulta o acuerdo con los gobiernos provinciales”, indicó la diputada en los fundamentos.

Los puntos más cuestionados

Uno de los ejes centrales del rechazo es el nuevo esquema de becas planteado por el Ministerio de Salud, que deja de considerar la residencia como una relación laboral y la encuadra únicamente como una beca de estímulo formativo.

Esta modificación impacta directamente en los derechos de los residentes, al limitar el acceso a coberturas sociales, derechos laborales y condiciones de trabajo dignas, según expresaron los legisladores santafesinos.

Además, se introducen dos modalidades de becas:

  • La “Beca Ministerio”, que incluye aportes previsionales y cobertura de obra social.

  • La “Beca Institución”, financiada por las entidades formadoras, sin descuentos, aunque con posibles beneficios adicionales gestionados localmente, como bonos o seguros.

Este sistema de doble vía genera incertidumbre e inequidad, ya que no garantiza previsibilidad para los profesionales que inician sus residencias, alertaron desde la Legislatura.

El antecedente normativo en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, la formación de profesionales de la salud mediante el sistema de residencias cuenta con un sólido respaldo legal desde 1984, a través de la Ley N° 9529.

Esa norma define a la residencia como un sistema educativo de posgrado orientado a completar la formación académica y establece que los residentes deben percibir una remuneración acorde a su trabajo, con aumentos progresivos según el nivel y con aportes a las leyes sociales y previsionales, incluyendo asignaciones familiares.

La declaración aprobada por la Cámara pone en valor esa trayectoria y reivindica la residencia como una instancia de formación con derechos laborales garantizados, no como una simple beca educativa.