La investigación por el funcionamiento de un asilo ubicado sobre Gollán al 10.100, en el norte de la ciudad de Santa Fe, donde fueron rescatados siete adultos mayores y por la que hay dos personas detenidas, comenzó a tener repercusiones en el Concejo de Santa Fe.
Los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández presentaron tres proyectos de comunicación vinculados al caso. Las iniciativas apuntan a conocer cómo fiscaliza el municipio los establecimientos dedicados al cuidado de personas mayores, reforzar los mecanismos de control y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre las instituciones habilitadas.
Informes sobre controles y habilitaciones
Uno de los proyectos solicita al Ejecutivo un informe detallado sobre el sistema de habilitación, inspección y fiscalización de geriátricos, residencias y centros de día.
Entre otros puntos, pide conocer qué acciones desarrolla el municipio para detectar establecimientos que funcionan de manera irregular, cuántos cuentan con habilitación vigente, cuántos iniciaron ese trámite y cómo se controla que no operen sin autorización.
Además, requiere información sobre las inspecciones realizadas durante 2025 y 2026, las denuncias recibidas en los últimos tres años y el último informe elaborado por el Observatorio de Geriátricos, con el detalle de las irregularidades detectadas y las medidas adoptadas.
En los fundamentos, los concejales sostienen que “resulta indispensable analizar el funcionamiento del sistema de control preventivo que debe ejercer el Estado en cada uno de sus niveles” y recuerdan que el municipio constituye “el primer nivel de intervención” sobre los establecimientos que funcionan dentro de la ciudad.
Más identificación y un listado público
El segundo proyecto propone que todos los establecimientos habilitados exhiban una cartelería visible que permita identificarlos. Según los autores, la falta de identificación puede favorecer el funcionamiento de instituciones cuya verdadera actividad pasa inadvertida para el entorno.
La tercera iniciativa reitera un pedido presentado en 2024 para que la Municipalidad publique de forma permanente en su página web y redes sociales un registro actualizado de todas las instituciones habilitadas para brindar servicios de cuidado. La propuesta contempla que ese listado incluya datos como el nombre del establecimiento, dirección, código de habilitación, vías de contacto y el tipo de servicio que presta.
Para Mudallel y Fernández, una mayor transparencia y controles más eficaces son herramientas clave para prevenir el funcionamiento de establecimientos irregulares y brindar mayor seguridad a las personas mayores y sus familias.
