A pocos días del vencimiento del plazo para que las empresas se registren y luego del accidente fatal que tuvo como protagonista a un joven que viajaba en Uber Moto, las aplicaciones de viajes volvieron al centro del debate público en Santa Fe.
La Ordenanza N.º 12.991, sancionada por el Concejo de Santa Fe en octubre del 2024, estableció las reglas para el funcionamiento de las aplicaciones de viajes y fijó las obligaciones tanto para las empresas y choferes.
Sin embargo, nueve meses después, las dos empresas más populares, Uber y DiDí, continúan sin inscribirse al registro.
De acuerdo a la información oficial, hasta el momento son ocho las empresas registradas en Santa Fe: Remises Real, MOVITAXI, Remises Isis-Capital, Viaja Libre, CABIFY, ZUBO App, TaxCity y Maxim.
Qué pasará con Uber Moto
Según lo establece la Ordenanza N.º 12.991, en su artículo 16, inciso h, el traslado comercial de personas en motos no está permitido en Santa Fe.
“Queda excluida la actividad de traslado, comercial, habitual y oneroso de personas por medio de motovehículos, cualquiera sea el modo de concertación del viaje”.
“Está prohibido el Uber Moto porque no se encuentra dentro de la ordenanza de aplicaciones”, respondió enfáticamente el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, consultado este lunes por la prensa.
A su vez, el mandatario aseguró que se cuadriplicaron los controles de tránsito en la vía pública y adelantó que los profundizarán para evitar nuevas víctimas. “Vamos a seguir siendo estrictos con los controles, no porque sea una obligación impuesta, sino porque quien maneja una moto debe cuidar su vida y la del otro”.
El debate en el Concejo de Santa Fe
Consultada sobre la posibilidad de modificar la regulación actual, la presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina, señaló que la ordenanza es clara respecto a la prohibición del servicio de transporte de personas en moto.
“Esta es una ordenanza que, al no ser un servicio público, sino entendido como un servicio privado, establece cuáles son los requisitos para ser legal”, explicó Molina y detalló que primero las empresas se deben registrar, el Estado controlar aunque sea difícil ya que no se puede hacerlo permanentemente y por último, que los vecinos tengan la información suficiente para saber que no es conveniente utilizar aquellos servicios que no están permitidos.
“Ninguna ordenanza, ninguna ley está escrita en piedra, razón por la cual todas se pueden modificar si la realidad así lo amerita. Pero primero hay que cumplir lo que está establecido: que las aplicaciones se inscriban y se controle su funcionamiento”, finalizó.
