Luego de que se conocieran las pésimas condiciones en las que vivían un grupo de adultos mayores en lo que se presume y la justicia investiga como un asilo clandestino en la ciudad de Santa Fe, la problemática llegó a la Cámara de Diputados. Legisladores de diversos espacios políticos expresaron su preocupación, pidieron respuestas al Gobierno provincial y pretenden avanzar en la regulación y control de los hogares.
Asilo clandestino en Santa Fe
El caso salió a la luz a fines de julio tras un principio de incendio ocurrido en una vivienda de calle José Gollán al 10100, en barrio Nuevo Horizonte, donde funcionaba un geriátrico sin habilitación correspondiente de la Municipalidad y el control del Ministerio de Salud.
De acuerdo con la investigación, el fuego fue provocado por uno de los adultos mayores alojados en el lugar con el objetivo de visibilizar las pésimas condiciones en las que vivía junto al resto de los residentes. A partir de ese momento se inició una investigación a cargo de la PDI, cuyos efectivos relevaron el lugar y detuvieron a un empleado del geriátrico. A su vez, la policía busca a la propietaria de asilo.
Diputados se mete en el debate y pide explicaciones
Por un lado, el diputado Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle las medidas adoptadas por distintos organismos provinciales desde marzo de 2026 en relación con el funcionamiento del denominado falso geriátrico.
La iniciativa solicita información sobre las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Dirección Provincial de Personas Mayores y el Centro Territorial de Denuncias, además de precisar si los funcionarios responsables de esos organismos actuaron “en tiempo y forma”.
En los fundamentos del proyecto, Del Frade sostuvo que resulta “fundamental determinar cómo actuaron desde la Dirección Provincial de Personas Mayores, la Dirección Provincial de Auditoría Médica, la Defensoría del Pueblo y el Centro Territorial de Denuncias para deslindar responsabilidades en semejante cadena de explotaciones y reducción a la servidumbre de un grupo de siete adultos mayores”.
El pedido de informes del PJ
En la misma línea, la diputada provincial Celia Arena, del Partido Justicialista, presentó otro pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para conocer las actuaciones desarrolladas por los organismos provinciales respecto del establecimiento donde eran alojadas personas mayores.
El proyecto solicita información sobre las inspecciones, denuncias, controles y medidas administrativas que se realizaron en torno al inmueble de José Gollán al 10.100. Además, busca establecer cuál fue el nivel de coordinación entre la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe y qué acciones se implementaron para garantizar la asistencia, protección y continuidad del cuidado de las personas mayores luego de la intervención estatal.
La legisladora sostiene que la Cámara de Diputados debe conocer cómo actuaron los organismos competentes y cuáles son los mecanismos de fiscalización y coordinación institucional que se aplican sobre este tipo de establecimientos.
Un proyecto para endurecer los controles sobre geriátricos
Más allá de los pedidos de informes, la diputada provincial Beatriz Brouwer (Unite) había presentado en abril un proyecto de ley para crear un nuevo marco regulatorio para hogares, clínicas geriátricas y establecimientos residenciales destinados a personas adultas mayores.
Según explicó la legisladora al momento de impulsar la iniciativa, el objetivo es evitar que vuelvan a repetirse situaciones de “horror” en lugares donde residen personas con altos niveles de vulnerabilidad y necesidad de cuidados.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Registro Provincial de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, que dependerá de la Dirección Provincial de Personas Mayores y será de carácter público y obligatorio.
La propuesta establece que ninguna residencia, pública o privada, podrá funcionar sin autorización, matrícula y el cumplimiento de condiciones mínimas de infraestructura, seguridad e higiene.
Además, faculta al Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a realizar inspecciones de oficio y aplicar un régimen gradual de sanciones ante incumplimientos, que podrá ir desde apercibimientos y multas hasta la clausura temporaria o definitiva del establecimiento.
El proyecto también fija requisitos específicos para la habilitación de estos espacios, entre ellos contar con infraestructura adecuada, condiciones óptimas de higiene y seguridad, personal capacitado y cobertura mediante seguro de responsabilidad civil, además de prever sanciones y clausuras definitivas para los establecimientos que operen sin habilitación.
