El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en respuesta a la magnitud de los incendios forestales que afectan a la región patagónica y al riesgo creciente para poblaciones, infraestructura y patrimonio ambiental.
La decisión se conoció a través de un anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó desde redes sociales la firma del decreto. La medida fue adoptada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada y en respuesta directa a los reclamos de los gobernadores del sur.
El DNU establece un plazo inicial de un año de emergencia y declara además zona de desastre a los territorios comprometidos por los incendios. El objetivo central es habilitar herramientas legales y operativas para actuar con rapidez en la presupresión, el combate del fuego, la asistencia a las comunidades y la restauración ambiental.
La norma se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y en el marco legal vigente: la Ley de Manejo del Fuego (26.815) y la Ley del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (27.287).
En ese esquema, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada por decreto en 2025 y dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, queda a cargo de la coordinación operativa de todas las acciones en las provincias afectadas.
Coordinación federal y recursos
El decreto encomienda a la AFE la coordinación del despliegue de recursos humanos, técnicos y logísticos para la prevención, combate de incendios y atención de emergencias, en articulación directa con gobiernos provinciales y municipios.
Las tareas incluyen la asistencia a familias damnificadas, la protección de bienes, la recomposición productiva y la restauración de zonas degradadas, además del refuerzo de los sistemas de prevención para evitar nuevos focos.
El Gobierno justificó el uso del DNU en la urgencia de la situación y en la imposibilidad de seguir los tiempos del trámite legislativo ordinario sin comprometer la respuesta inmediata ante la emergencia ambiental.
La decisión también se enmarca en un contexto de negociaciones políticas más amplias entre la Casa Rosada y los gobernadores, especialmente en torno a la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias.
Apoyo a bomberos y sistema de protección civil
En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.
Del total, $100.810 millones serán distribuidos entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado en todo el país, destinados a la compra de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal y vestuario técnico.
Según informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, la medida responde a los desastres de gran magnitud registrados durante el último año y a los riesgos previstos para 2026, que exigen reforzar la capacidad operativa del sistema de protección civil.
El escenario climático adverso, marcado por sequías prolongadas y vientos intensos, profundizó el impacto de los incendios, especialmente en áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces, donde los daños ambientales y ecosistémicos son considerados críticos.
La declaración de la Emergencia Ígnea busca consolidar un esquema de respuesta federal, con intervención directa del Estado nacional, para enfrentar una crisis ambiental que ya es considerada estructural en amplias zonas del sur argentino.
