El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 37 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones, y el proyecto ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados.
La definición se produjo después de varias negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. El proyecto que finalmente llegó al recinto fue más acotado que la versión original, ya que el oficialismo tuvo que retirar los capítulos que generaban mayor resistencia entre sus aliados.
Entre ellos se encontraba el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, que había sido eliminado durante el debate previo. Este jueves, además, el oficialismo decidió retirar los artículos vinculados con la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de votos para aprobar esa modificación.
Así votaron los senadores de Santa Fe
Los tres representantes de Santa Fe en la Cámara alta tuvieron posiciones diferentes frente a la iniciativa.
Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos integrantes de la Unión Cívica Radical, votaron a favor del proyecto. En cambio, Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, votó en contra.
De esta manera, los senadores santafesinos aportaron dos votos afirmativos y uno negativo a una votación que terminó siendo clave para el oficialismo.
Cómo quedó la votación
El proyecto consiguió 37 votos afirmativos. La Libertad Avanza aportó la mayor cantidad de apoyos, a los que se sumaron senadores de la UCR, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.
Entre los votos positivos estuvieron los radicales Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Carolina Losada y Eduardo Vischi, además de los senadores del oficialismo y representantes de otros espacios.
En contra se pronunciaron principalmente los integrantes del interbloque Justicialista, junto con legisladores de bloques provinciales y federales.
En total, 70 de los 72 senadores estuvieron presentes durante la votación. El proyecto necesitaba 36 votos afirmativos para alcanzar la mayoría y finalmente consiguió uno más.
El oficialismo tuvo que recortar el proyecto
La iniciativa llegó al Senado después de un proceso de negociación que obligó al Gobierno a modificar su propuesta original.
El primer capítulo que quedó afuera fue el referido a la Ley de Tierras Rurales, que generaba cuestionamientos entre gobernadores y senadores de distintos bloques por el impacto que podía tener sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
Durante la sesión también fue retirado el capítulo relacionado con el Manejo del Fuego. El Gobierno pretendía modificar la normativa vigente, que establece restricciones para cambiar durante determinados períodos el uso de los terrenos afectados por incendios.
La legislación actual establece que los bosques nativos y humedales afectados por incendios no pueden modificar su uso durante 60 años, mientras que para las tierras agropecuarias el plazo es de 30 años.
El oficialismo sostenía que esas restricciones podían perjudicar a propietarios cuyos campos hubieran sido afectados por incendios. Sin embargo, no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con la modificación.
Qué cambia con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El núcleo de la iniciativa aprobado por el Senado apunta a modificar distintos aspectos vinculados con la protección de la propiedad privada y los procesos de desalojo.
Uno de los principales cambios propone que los desalojos derivados de ocupaciones ilegales puedan tramitar mediante un procedimiento más rápido, con el objetivo de reducir los tiempos que actualmente demandan los procesos judiciales.
Desde La Libertad Avanza defendieron la medida como una forma de reforzar el derecho de propiedad establecido en la Constitución Nacional y de evitar que las demoras judiciales perjudiquen a los propietarios.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo durante el debate que el objetivo es “simplificar y acelerar los procesos” para garantizar la protección de la propiedad privada.
La oposición cuestionó el proyecto y advirtió que una mayor rapidez en los desalojos podría afectar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional.
