Después del “7 a 0” que asestó el Senado nacional al gobierno de Javier Milei el 22 de agosto, cuando convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, además de rechazar los decretos sobre el INTA, INTI, Vialidad, el Banco de Datos Genéticos e institutos culturales, se espera otro revés para el oficialismo este jueves.
Para las 11 está convocada la sesión ordinaria de la Cámara alta en la que figura, como primer tema, el rechazo al veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los proyectos impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, es decir, por la totalidad de los representantes territoriales.
La ley obtuvo media sanción por amplia mayoría en el Senado el 10 de julio, salió aprobada de Diputados el 20 de agosto, y el gobierno nacional publicó el veto total el 12 de septiembre, luego de anticipar una convocatoria a una mesa federal con gobernadores “afines” de cara a la etapa que se abrió tras la derrota electoral en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
Vuelve al Senado
Menos de una semana después, el tema vuelve al Senado, esta vez con la intención opositora de reunir los dos tercios que permitan rechazar el veto. Si se logra este objetivo, el asunto deberá cosechar la misma proporción de votos en Diputados para que la ley quede vigente.
Como se dijo, el presidente Milei vetó en su totalidad la Ley 27.794, que disponía que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyeran de manera automática entre las provincias bajo el mismo esquema que la coparticipación federal. La decisión fue oficializada a través del decreto 652 el 12 de septiembre, el mismo día en que los gobernadores de Provincias Unidas se reunían en Río Cuarto (Córdoba) para plantarse como alternativa “al mileismo y al kirchnerismo”.
Allí los mandatarios de Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Jujuy (Chubut estuvo presente de manera remota y Santa Cruz no llegó a asistir a la cita) y el ex gobernador Juan Schiaretti cuestionaron la decisión del oficialismo de retacear estos fondos y adelantaron que iban a insistir con la ley.
Argumentos
En los argumentos del veto, se expresa que el proyecto sancionado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y priva al Estado nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros”.
SE plasma allí que el Gobierno defiende el carácter extraordinario de los ATN, creados por la Ley 23.548, al señalar que “constituyen un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas”, como la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 o las recientes emergencias hídricas, económicas y alimentarias que afectaron a distintas jurisdicciones en 2024 y 2025. Precisamente, en los últimos días, cuatro provincias, entre ellas Santa Fe, recibieron ATN. En el caso del territorio gobernado por Maximiliano Pullaro, para atender la emergencia por las lluvias.
En ese sentido, el decreto aclara que los ATN no forman parte de la masa coparticipable sino que son un fondo “complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales”.
La Casa Rosada sostuvo que “lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, el carácter no automático de tales fondos responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis que no podrían ser adecuadamente atendidas por el régimen ordinario de coparticipación”.
Entre los argumentos más fuertes, se advirtió que “el vaciamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las provincias frente a emergencias, afectando no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales”.
El texto también alude a la necesidad de un debate más amplio sobre el sistema de coparticipación, e invoca el Pacto de Mayo (firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán por la mayoría de los gobernadores). Allí, argumenta, se incluyó como una de sus cláusulas centrales la rediscusión integral del régimen de coparticipación federal de impuestos.
Finalmente, el Gobierno justificó la medida como un acto de responsabilidad institucional: “Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional haga uso de todos los medios constitucionales habilitados para evitar la entrada en vigencia de un proyecto de ley cuya finalidad es financiar gasto corriente de las provincias”.
Por ahora todo es expectativa en el Congreso, que este miércoles tenía una agenda cargadísima con el rechazo a dos vetos y el jueves, podría rechazar otra disposición presidencial.
